Fallo por Arbitraje de dominio "puertomontt.cl"
Conflicto
por Asignación de Nombre de Dominio
Sentencia Definitiva
Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani
v. AustroInternet Ltda.
v. Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
<puertomontt.cl>
1.
LAS PARTES
Las partes de este proceso
son:
1.1. Primer Solicitante:
Don «Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani», domiciliado en José Luis Coo
0163, Puente Alto, Santiago, en adelante también denominado el «Primer
Solicitante», quien comparece por sí.
1.2. Segundo Solicitante:
«AustroInternet Ltda.», domiciliada en Croacia 690, Punta Arenas, en
adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representada por
su contacto administrativo don Miguel Oyarzo.
1.3. Tercer Solicitante: «Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt», domiciliada en San Felipe 80, Puerto
Montt, y para estos efectos en Isidora Goyenechea 3162, oficina 801, Las
Condes, Santiago, en adelante también denominada el «Tercer Solicitante»,
representada por los abogados señores Pedro Vega, Miguel Aylwin Oyarzún y
Carlos Bascuñan Aylwin.
2. EL
NOMBRE DE DOMINIO
El proceso tiene por objeto
resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio
<puertomontt.cl>, en adelante también singularizado como el nombre
de dominio «en disputa», solicitado tanto por el Primer, Segundo y Tercer
Solicitantes antes individualizados.
3. ÍTER
PROCESAL
Con fecha 20 de febrero de
2002, a las 09:27:20 horas GMT, don Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani
solicitó la inscripción del nombre de dominio <puertomontt.cl>, en
adelante, la «Primera Solicitud».
Posteriormente, y de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «RNCh», AustroInternet Ltda. solicitó la inscripción
del mismo nombre de dominio <puertomontt.cl> con fecha 20 de febrero
de 2002, a las 13:05:14 horas GMT, en adelante, la «Segunda Solicitud».
Finalmente, y también
conforme a lo dispuesto en el citado art. 10, párrafo 1º, de la RNCh, la
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt solicitó también la inscripción
del referido nombre de dominio <puertomontt.cl> con fecha 19 de marzo
de 2002, a las 13:46:40 horas GMT, en adelante, la «Tercera Solicitud».
Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 12, párrafo 1º, de la RNCh, y arts. 1, 4 y 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo»,
contenido en la RNCh, y mediante oficio OF02246, NIC Chile designó al
infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente
conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole
llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en
dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los
antecedentes.
Con fecha 21 de agosto de
2002, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró
desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el
tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el domicilio
de Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.
Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en
la sede del tribunal, para el día 13 de septiembre de 2002, a las 19.30
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las
partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las
partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del
conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los
autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC
Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las
direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el
Rol Nº 022-02.
Según consta en autos, la
resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento
de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.
Con fecha 13 de septiembre
de 2002 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la
sola asistencia de don Pedro Vega, representante de la Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt, en su calidad de Tercer Solicitante. No
produciéndose conciliación en dicha audiencia por inasistencia de las demás
partes, el tribunal señaló que correspondía fijar las reglas de
procedimiento, las cuales serían detalladas en una resolución a ser
notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue
firmada por el compareciente, el actuario y por este árbitro.
Con fecha 13 de noviembre
de 2002 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de
procedimiento, la cual fue notificada a todas las partes por correo electrónico
con igual fecha. En dicha resolución se fijó plazo hasta el día 28 de
noviembre de 2002 para que todas las partes presenten un avenimiento
destinado a poner término al presente litigio, sin perjuicio de poder
presentarlo más adelante, o bien para que consignen los honorarios
arbitrales, exceptuando de ello al primer solicitante, bajo apercibimiento
de tener por desistida de su solicitud de inscripción del dominio en
disputa a la parte que no cumpla.
Las restantes reglas de
procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente
las siguientes:
- «Artículo Segundo: Sólo
en caso que el segundo y/o tercer solicitantes cumplan oportunamente con la
consignación indicada en el apartado B) del artículo Primero de esta
resolución, el tribunal dictará una resolución en la cual fijará un
plazo para que el primer solicitante presente, en documento impreso y
firmado, los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener derecho
sobre el nombre de dominio en disputa».
- «En dicha presentación,
el primer solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a)
Acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión; b) Acompañar
fotocopia autorizada de su cédula de identidad, y en caso de comparecer a
través de un representante, se deberá además acreditar la personería
del compareciente; c) Designar un domicilio postal del primer solicitante;
y d) Designar una o más direcciones de correo electrónico del primer
solicitante.»
- «En caso que el primer
solicitante no cumpla íntegra y oportunamente con todo lo indicado en este
artículo Segundo, se tendrá a dicha parte por desistida de su solicitud
de inscripción del nombre de dominio en disputa, el cual será asignado a
la parte que hubiere cumplido con la consignación de los honorarios
arbitrales.»
- «Con todo, en caso que
tanto el segundo como el tercer solicitante hubieren cumplido con la
referida consignación, el tribunal dictará una resolución fijando plazo
a dichas partes para que presenten por escrito los argumentos en virtud de
los cuales sostienen tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
debiendo acompañar todas las pruebas en que fundan sus pretensiones, todo
ello bajo apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de
inscripción del dominio en disputa a la parte que no cumpla. Vencido este
último plazo, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación,
y el proceso quedará en estado de sentencia».
- «Artículo Tercero: En
caso que el primer solicitante cumpla con lo dispuesto en el Artículo
Segundo precedente de esta resolución, el tribunal dictará una resolución
en la cual fijará un plazo para que la(s) contraparte(s) que no hubieren
sido declaradas desistidas presente(n) por escrito los argumentos en virtud
de los cuales sostiene(n) tener derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, debiendo acompañar todas las pruebas en que funda(n) su(s)
pretensión(es), todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida de su
solicitud de inscripción del dominio en disputa a la parte que no cumpla.
Vencido este último plazo, el tribunal fijará un plazo no superior a seis
días para que las partes realicen observaciones a las presentaciones y
pruebas contrarias. Vencido dicho plazo, quedará cerrado el debate, sin
necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia»[1].
En dicha resolución se
dispuso además lo siguiente:
- El tribunal podría citar
a las partes a audiencia de conciliación, en cualquier estado del proceso,
hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva. Igualmente, las
partes podrían presentar avenimiento al tribunal en cualquier estado del
proceso, antes de la dictación de la sentencia definitiva.
- Se detallaron además
diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones,
incidencias y presentaciones de las partes.
- Cualquier duda o disputa
en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal,
quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo
errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales
producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.
Con fecha 28 de noviembre
de 2002, únicamente el Tercer Solicitante, Ilustre Municipalidad de Puerto
Montt, cumplió con la carga impuesta en la resolución indicada de fecha
13 de noviembre de 2002, consignando oportunamente los honorarios
arbitrales. Por su parte, el Segundo Solicitante no dio cumplimiento a la
referida resolución y tampoco dio excusa o justificación a su omisión.
Con fecha 2 de diciembre de
2002 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Que únicamente el tercer solicitante, Municipalidad de Puerto Montt,
cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; y
visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución de
fecha 18 de noviembre de 2002 que contiene las normas de tramitación; SE
RESUELVE: El Primer Solicitante tendrá plazo hasta el día 6 de diciembre
de 2002, para presentar, en documento impreso y firmado, los argumentos en
virtud de los cuales tendría derecho sobre el nombre de dominio en
disputa. En dicha presentación, el primer solicitante deberá cumplir con
los siguientes requisitos: a) Acompañar todas las pruebas en que funda su
pretensión; b) Acompañar fotocopia autorizada de su cédula de identidad,
y en caso de comparecer a través de un representante, se deberá además
acreditar la personería del compareciente; c) Designar un domicilio postal
del primer solicitante; y d) Designar una o más direcciones de correo
electrónico del primer solicitante.- En caso que el primer solicitante no
cumpla íntegra y oportunamente con todo lo indicado precedentemente, se
tendrá a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del
nombre de dominio en disputa».
Con fecha 5 de diciembre de
2002, el Tercer Solicitante presentó un escrito confiriendo patrocinio y
poder a los abogados señores Miguel Aylwin Oyarzún y Carlos Bascuñan
Aylwin.
Con fecha 6 de diciembre de
2002, el Primer Solicitante don Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani
presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha
2 de diciembre de 2002, en adelante el «Escrito Principal del Primer
Solicitante».
Con fecha 23 de diciembre
de 2002 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica
con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «A la presentación
efectuada por el Tercer Solicitante, Municipalidad de Puerto Montt, con
fecha 5 de diciembre de 2002: A LO PRINCIPAL: Téngase presente; AL PRIMER
OTROSI: Por acompañado, con citación; AL SEGUNDO OTROSI: Téngase
presente. Remítase por esta misma vía copia de la presentación en que
recae esta resolución.- A la presentación efectuada por el Primer
Solicitante, don Juan Jorge Fernando Sanchez Lazcani, con fecha 6 de
diciembre de 2002: Por cumplido lo ordenado, por acompañada con citación
fotocopia autorizada de cédula de identidad, téngase presente y se
resolverá en definitiva. Remítase por esta misma vía copia de la
presentación en que recae esta resolución.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Que el Primer Solicitante, don Juan Jorge Fernando Sanchez Lazcani, cumplió
oportunamente con lo ordenado en la resolución de fecha 2 de diciembre de
2002, y visto además lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución
de fecha 18 de noviembre de 2002 que contiene las normas de tramitación;
SE RESUELVE: El Tercer Solicitante, Municipalidad de Puerto Montt, tendrá
plazo hasta el día 3 de enero de 2003, para presentar, en documento
impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales tendría derechos
o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, debiendo
acompañar a dicha presentación todas las pruebas en que funda su pretensión,
todo ello bajo apercibimiento de tener a dicha parte por desistida de su
solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa.- Conforme a lo
dispuesto en el Artículo Cuarto, párrafo primero de la resolución de
fecha 13 de noviembre de 2002, que contiene las normas de tramitación, a
dicha presentación deberán adjuntarse también copias de las pruebas que
se presenten. Además, en la misma fecha, una copia de la presentación
respectiva deberá ser enviada por correo electrónico a la siguiente
dirección electrónica del tribunal: <tribunal@xxxxx>.- En
virtud de las atribuciones contenidas en el Artículo Octavo de la resolución
de fecha 13 de noviembre de 2002, que contiene las normas de tramitación,
se reemplaza íntegramente el párrafo final del Artículo Tercero de dicha
resolución, por el siguiente: "Vencido este último plazo, el
tribunal fijará un plazo no superior a seis días para que las partes
realicen observaciones a las presentaciones y pruebas contrarias. Vencido
dicho plazo, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y
el proceso quedará en estado de sentencia».
Con fecha 3 de enero de 2003, la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha
23 de diciembre de 2002, en adelante el «Escrito Principal del Tercer
Solicitante».
Con igual fecha 3 de enero
de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes por vía
electrónica el mismo día, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la
presentación efectuada con esta misma fecha por el tercer solicitante,
Municipalidad de Puerto Montt: A LO PRINCIPAL: Por cumplido lo ordenado, téngase
presente y se resolverá en definitiva. AL OTROSI: Por acompañados, con
citación.- Remítase por esta misma vía al primer solicitante copia de la
presentación en que recae esta resolución, sin perjuicio de su
facultad de solicitar al tribunal copia material de la misma.- Se
fija plazo hasta el día 13 de enero de 2003, para que el primer y tercer
solicitantes realicen observaciones a las presentaciones y pruebas
contrarias, si así lo estimaren conveniente. Vencido dicho plazo, quedará
cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará
en estado de sentencia».
Con fecha 13 de enero de
2003, el Tercer Solicitante efectuó una presentación mediante la cual
realiza observaciones a la presentación anteriormente efectuada por el
Primer Solicitante y acompaña los siguientes documentos: 1.) Copia de página
de Nic Chile donde consta que dominio www.osorno.cl figura inscrito a
nombre de Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani desde el 07 de Enero del año
2002; 2.) Copia de página www.osorno.cl en que consta que dicha página no
ha sido habilitada y sólo presenta una carátula desprovista de todo
contenido; 3.) Copia de página de Nic Chile donde consta que dominio
www.iquique.cl figura inscrito a nombre de Jorge Enrique Delgado Gunckel
desde el 21 de Diciembre del año 2001; 4.) Copia de página www.iquique.cl
en que consta que dicha página no ha sido habilitada; 5.) Copia de página
de Nic Chile donde consta que dominio www.villarrica.cl figura inscrito a
nombre de Jorge Enrique Delgado Gunckel desde el 25 de Noviembre del año
2001; 6.) Copia de página www.villarrica.cl en que consta que dicha página
ha sido habilitada por vamoschile.com; 7.) Copia de página de Nic Chile
donde consta que dominio www.portillo.cl figura inscrito a nombre de Juan
Jorge Fernando Sánchez Lazcani desde el 28 de Diciembre del año 2001; 8.)
Copia de página www.portillo.cl en que consta la información que dicha página
contiene. Asimismo, consta en el ángulo superior derecho de la página que
ella se ofrece; 9.) Copia de página de Nic Chile donde consta que dominio
www.calama.cl figura inscrito a nombre de Juan Jorge Fernando Sánchez
Lazcani desde el 06 de Noviembre del año 2001; 10.) Copia de página
www.calama.cl en que consta que dicha página no ha sido habilitada y sólo
presenta una carátula desprovista de todo contenido; 11.) Copia de página
de Nic Chile donde consta que dominio www.valdivia.cl figura inscrito a
nombre de Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani desde el 09 de Noviembre del
año 2001; 12.) Copia de página www.valdivia.cl en que consta que dicha página
no ha sido habilitada sólo presenta una carátula desprovista de todo
contenido; 13.) Copia de página de Nic Chile donde consta que dominio
www.sanfernando.cl figura inscrito a nombre de María Cecilia Ulloa Negrete
desde el 22 de Octubre del año 2001; y 14.) Copia de página
www.sanfernando.cl en que consta que dicha página no ha sido habilitada y
sólo presenta una carátula desprovista de todo contenido.
Con fecha 18 de enero de
2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes por vía
electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a
la presentación efectuada con fecha 13 de enero de 2003 por el tercer
solicitante, Municipalidad de Puerto Montt: A LO PRINCIPAL: Téngase
presente y se resolverá en definitiva. AL OTROSI: Por acompañados, con
citación.- Remítase por esta misma vía al primer solicitante copia de la
presentación en que recae esta resolución, sin perjuicio de su
facultad de solicitar al tribunal copia material de la misma.- Autos
para fallo, sin perjuicio de la referida citación».
Con fecha 6 de mayo de
2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes por vía
electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Para mejor
resolver, agréguese con esta misma fecha a los autos un ejemplar impreso
del contenido de las siguientes direcciones URL: <http://www.puentealto.cl>,
<http://www.valdivia.cl>, <http://www.osorno.cl>, <http://www.sanfernando.cl>,
<http://www.calama.cl>», resolución que fue ejecutada por el
tribunal con igual fecha.
Finalmente, fecha 15 de
mayo de 2003, se dictó la siguiente resolución, notificada a las partes
por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Certifíquese
en autos el contenido actual de la dirección URL <http://www.puertomontt.cl>,
para mejor resolver».
4. ANTECEDENTES
DE HECHO
4.1. En
relación al Primer Solicitante
El Primer Solicitante don
Juan Jorge Fernando Sánchez Lazcani es una persona natural, debidamente
identificada en autos mediante copia autorizada ante notario público de su
cédula nacional de identidad, quien de acuerdo a la información que
entregara a NIC Chile al solicitar el registro del nombre de dominio en
disputa se identificó como «particular», todo lo cual consta a fojas 3 y
de la presentación efectuada por el Primer Solicitante, corriente a fojas
16.
El Primer Solicitante
utiliza actualmente el nombre de dominio impugnado como una página web,
cuyo único contenido es una fotografía de un palafito, en cuya base se
lee <www.puertomontt.cl>. A dicho sitio se accede a través la
dirección URL <http://www.puertomontt.cl>, la que automáticamente
redirecciona a la dirección URL <http://www.qp.cl/puertomontt>. Así
consta del atestado de fojas 74 y 75 de autos.
El Primer Solicitante es
además asignatario de los nombres de dominio <puentealto.cl>, <valdivia.cl>,
<osorno.cl>, <sanfernando.cl> y <calama.cl>, los cuales
fueron inscritos entre octubre de 2001 y enero de 2002. El nombre de
dominio <calama.cl> se encuentra actualmente impugnado por demanda de
revocación presentada por la Ilustre Municipalidad de Calama, con fecha 11
de febrero de 2003.
De la información obtenida
oficiosamente por el este sentenciador, conforme a la medida para mejor
resolver decretada y ejecutada con fecha 6 de mayo de 2003, consta que el
Primer Solicitante utiliza los nombres de dominio <puentealto.cl>,
<valdivia.cl> y <calama.cl> como sitios web de Internet, cada
uno de los cuales contiene información alusiva a la correspondiente
provincia geográfica indicada en el SLD respectivo, incluyendo diversos banners
publicitarios. Con todo, se trata de sitios que aún no operan de
manera completa, muchos de cuyos links que anuncian información turística,
municipal o de eventos no funcionan.
4.2. En
relación al Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante,
AustroInternet Ltda., no dio cumplimiento a la carga procesal establecida
en la resolución que fijó las reglas de procedimiento, de fecha 13 de
noviembre de 2002, sin dar excusa o justificación a su omisión. Tampoco
compareció posteriormente en autos.
4.3. En
relación al Tercer Solicitante
El Tercer Solicitante, la
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, domiciliada en San Felipe 80, Puerto
Montt, es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargada de la administración local de la
comuna y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de la respectiva comuna, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 107
inciso 4º de la Constitución Política de la República[2]
y primero de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.[3]
La Ilustre Municipalidad de
Puerto Montt ha desarrollado un proyecto para habilitar un sitio web
institucional, relacionado exclusiva y directamente con la ciudad y comuna
de Puerto Montt, según consta del documento denominado «Términos
técnicos de referencia del proyecto sitio web Municipalidad de Puerto
Montt», acompañado por dicha parte y no objetado.
En dicho documento consta
que el referido sitio web tiene por finalidad contener la mayor cantidad de
información relevante respecto de Puerto Montt, como ciudad,
como comuna y como zona geográfica, considerando además toda la
información relacionada con los diversos servicios que ofrece el municipio
a la comunidad de Puerto Montt, y con toda aquella información necesaria
para crear condiciones favorables a la actividad empresarial en dicha
ciudad, facilitando la toma de decisiones de la empresa privada interesada
en ciertos sectores productivos específicos de la zona, así como también
toda aquella información que promueva la ubicación geopolítica de la
comuna y su oferta de servicios, en particular el turismo a nivel nacional
e internacional.
5. PRETENSIONES DE LAS PARTES
5.1. Presentación Principal del Primer
Solicitante
En su presentación de
fojas 16 y siguiente, el Primer Solicitante básicamente afirma lo
siguiente:
- Que el nombre de dominio
en disputa fue solicitado para desarrollar un portal de información para
la comuna de Puerto Montt destinado a destacar sus cualidades turísticas,
su potencial industrial y patrimonio histórico, potenciar actividades
locales como eventos, desarrollo comunal, artísticos y noticiosos, en
donde cualquier niño, joven o adulto encuentre datos de cultura, historia,
laboral, deportivo.
- Que dicho portal estará
además destinado a brindar la posibilidad a todas las personas de promover
sus trabajos o especialidades a través de una completa guía profesional
de la región, gratis para quien quiera publicarse.
- Que otra finalidad de
dicho portal es desarrollar contactos en el extranjero que motiven primero
un conocimiento de la región y que esto se transforme en nuevas
inversiones que den nuevas oportunidades trabajo y crecimiento para la región.
- Que en dicho portal se
destacará en forma especial las actividades deportivas de la región,
dando espacio a todas las disciplinas que se desarrollan.
- Que también se tiene
proyectado destacar todas las actividades que desarrolle la I.
Municipalidad de Puerto Montt, indicando además todos sus servicios y
departamentos, es decir, se pondrá dicho portal a disposición del alcalde
y el consejo municipal de Puerto Montt.
- Que portales similares se
están desarrollando actualmente en los sitios <www.puentealto.cl>,
<www.valdivia.cl>, <www.osorno.cl>, <www.sanfernando.cl>,
<www.calama.cl>, <www.iquique.cl>, <www.villarrica.cl>,
<www.corral.cl>, <www.portillo.cl>.
5.2.
Presentación principal del Tercer Solicitante
En su presentación de
fojas 27 y siguientes, el Tercer Solicitante básicamente afirma lo
siguiente:
- Que le asiste un derecho
sobre el nombre de dominio en disputa absolutamente legítimo y principal,
amparado en la buena fe del proyecto de Internet que se pretende
desarrollar y en el principio del mejor derecho que le asiste.
- Que se escogió el nombre
de dominio en disputa precisamente por su estrecha relación con el objeto
del proyecto y en definitiva por ser el nombre de la ciudad y comuna en la
que la Municipalidad de Puerto Montt desarrolla sus actividades propias de
servicio público y actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo de
la comuna de Puerto Montt, de acuerdo a los objetivos que persiguen las
Municipalidades en general y según los mecanismos que para la consecución
de dichos objetivos ha dispuesto la Ley. Que su interés en el nombre <puertomontt.cl>
obedece a la importancia y fama que lleva implícito el nombre de la Ciudad
y Comuna de Puerto Montt.
- Que su solicitud respecto
del nombre de dominio en disputa obedece a la intención de desarrollar un
proyecto de Internet en el que se ha trabajado por varios meses,
relacionado exclusiva y directamente con la ciudad y comuna de Puerto
Montt, y que considera la creación de una página web que contenga la
mayor cantidad de información relevante respecto de Puerto Montt, como
ciudad, como comuna y como zona geográfica, considerando además toda la
información relacionada con los diversos servicios que ofrece el municipio
a la comunidad de Puerto Montt, y con toda aquella información necesaria
para crear condiciones favorables a la actividad empresarial en nuestra
ciudad, facilitando la toma de decisiones de la empresa privada interesada
en ciertos sectores productivos específicos de la zona, así como también,
toda aquella información que promueva la ubicación geopolítica de la
comuna y su oferta de servicios, en particular el turismo a nivel nacional
e internacional, creando en definitiva un lugar en Internet que constituya
un referente centralizado de información respecto de Puerto Montt; todo
ello con miras a promover los intereses, públicos y privados, de la
ciudadanía.
- Que la puesta en marcha
ha implicado la realización de una serie de estudios relativos a
determinar las proyecciones reales de este proyecto, que han involucrado,
entre otros aspectos, un estudio acerca de las proyecciones de Internet, y
definición de aspectos fundamentales que requerirían aquellos servicios
que van a ser entregados a través de esta vía, llegando, entre otras
cosas, a la conclusión de que uno de los temas fundamentales para el éxito
del proyecto es el contar con un nombre de dominio simple, general,
atractivo, y que sea fácilmente asociado tanto por la comunidad de Puerto
Montt con su comuna, como por el resto de las personas con la ciudad o zona
geográfica de Puerto Montt, ratificando finalmente que <puertomontt.cl>
reune con todas las cualidades requeridas para el éxito del proyecto.
- Por dicha razón este
proyecto ha implicado para la Municipalidad de Puerto Montt, no sólo
costos pecuniarios, sino también personales por el trabajo que ha
significado la elaboración del mismo, se ha visto afectado desde que el
nombre escogido ha generado el presente conflicto, pues como ya se ha dicho
éste se ha considerado fundamental para la implementación del proyecto,
cuestión que además debe ser entendida considerando que dicho nombre de
dominio representa para la comuna de Puerto Montt mucho más que una mera
dirección alfa numérica que permite la comunicación entre los distintos
computadores interconectados a Internet, sino que constituye un signo
distintivo único que individualiza a la ciudad y comuna de Puerto Montt,
cosa que se vincula directamente con la Municipalidad de dicha ciudad, que
es la que desarrollará este proyecto.
- Que la aplicación del
principio «first come first served» a este caso particular resulta total
y absolutamente improcedente. En efecto, todo el sistema de solución de
controversias desarrollado en nuestro país por NIC Chile, y que obedece a
la aplicación de ciertos principios rectores generalmente aceptados en el
mundo entero, ha sido construido sobre la base del respeto a la buena fe y
los derechos válidamente adquiridos. Desde esta perspectiva se ha
entendido, por tanto, que en definitiva el criterio final para resolver una
controversia de este tipo es aquel que se sostiene en virtud de la llamada
«teoría del mejor derecho», la cual bajo ningún respecto puede
reducirse en su contenido al criterio pragmático, jurídicamente simplista
y carente de fundamentación que implicaría el reconocimiento del
principio «first come first served», como único antecedente definitorio
de una disputa, pues de ser así el procedimiento de solución de
controversias carecería absolutamente de sentido y objeto, siendo
completamente innecesaria la acción del arbitro, toda vez que bastaría
entonces que NIC Chile constate quien efectuó la primera solicitud. En la
actualidad tanto la jurisprudencia nacional como internacional han obviado
el criterio simplista antes referido y han entendido que ello no constituiría
mas que un desprestigio para los administradores de nombres de dominio, y
un claro ejemplo de denegación
de justicia, de manera tal que
dicho principio ha sido entendido como válido única y exclusivamente
cuando en forma clara y manifiesta ha existido una diferencia de
oportunidad en la presentación de la solicitud entre dos partes que están
en igualdad de condiciones, y cuando no concurren otros elementos tales
como preexistencia de marca, vulneración de garantías fundamentales, mala
fe de uno de los solicitantes, etcétera.
- Que, a mayor
abundamiento, no puede ninguna de las partes que intervienen en este asunto
desconocer la validez y aplicabilidad de todas las normas legales que
nuestro ordenamiento jurídico contempla, y por ende, el simple hecho que
alguien haya solicitado primero el registro de un nombre de dominio no
puede pasar a llevar leyes vigentes en Chile.
- Que el primer solicitante
no sólo no tiene diseñado un proyecto de Internet concreto para ser
desarrollado en la página solicitada, sino que resulta clara y evidente la
falta de seriedad en su solicitud, al presentar a este procedimiento una
carta que contiene, únicamente, un listado de intenciones cuya efectividad
y futura materialización aparecen a simple vista como una mera posibilidad
de proyecto absolutamente remota, si es que no una simple especulación. A
mayor abundamiento, dicho listado de intenciones carece de cualquier
antecedente probatorio que permita acreditar algo al menos lejanamente
parecido a un proyecto serio de Internet.
- Que el artículo segundo
de la resolución que fija el procedimiento arbitral dispone en la parte
pertinente, que «...el tribunal arbitral dictará una resolución en la
cual fijará un plazo para que el primer solicitante presente, en documento
impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener
derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha presentación, el
primer solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompañar
todas las pruebas en que funda su pretensión; b) Acompañar fotocopia
autorizada de su cédula de identidad,...» señalando posteriormente, en
el inciso siguiente: «En caso que el primer solicitante no cumpla integra
y oportunamente con todo lo indicado en este artículo Segundo, se tendrá
a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del nombre de
dominio en disputa». Sin embargo, el primer solicitante se ha limitado a
acompañar una carta que contiene un listado de «motivos» sobre la
utilización del dominio, y conforme a la citada resolución, la presentación
del Primer Solicitante no debe contener motivos sino argumentos sobre el
derecho que supuestamente le cabe a dicho solicitante respecto del nombre
de dominio en disputa, y no sobre su dominio, como lo ha hecho dicho
solicitante, entendiendo que este desconoce que el nombre de dominio en
cuestión aún no le ha sido asignado definitivamente.
Además, el Primer Solicitante no acompañó ninguna prueba respecto
de sus «motivos» para la utilización del su dominio, de manera tal que
en atención a que no se ha cumplido «íntegramente» con el deber que
impone dicho artículo, esto es, acompañar todas las pruebas en que funda
su pretensión, deberá tenerse
por desistido al primer solicitante respecto del dominio en disputa,
disponiendo por tanto que este le corresponde a la municipalidad de Puerto
Montt.
- Que el primer solicitante
ha obrado de mala fe al solicitar este nombre de dominio, ya que no sólo
no tiene un proyecto de Internet serio, claro y concreto por desarrollar en
la página solicitada, sino que además, amparándose en su situación de
primer solicitante, al cual el Reglamento de NIC Chile le concede una serie
de privilegios, se aprovecha de esa situación y plantea el presente
litigio, obrando sin acreditar absolutamente ninguno de sus dichos, e
incluso careciendo en forma total del más mínimo argumento que sustente
su mejor derecho respecto de la solicitud requerida, demostrando su escaso
interés y mala fe en su obrar respecto del nombre de dominio en disputa.
- A mayor abundamiento, al
revisar someramente las páginas a que este alude en su presentación, se
puede ver que en la gran mayoría de ellas no existe nada más que una carátula
desprovista de todo contenido, debiendo considerar a este respecto que
muchas de ellas le fueron concedidas hace más de un año a la fecha,
tiempo mas que razonable para desarrollar debidamente un sitio de Internet.
Lo anterior puede constatarse en las páginas de las ciudades de Valdivia,
Osorno, Calama, Iquique, Portillo y San Fernando. Cabe hacer presente
asimismo, que en la página de Villarrica, una de las únicas páginas
donde hay algo de información, no es, en la actualidad, de propiedad del
primer solicitante.
- Que la Constitución Política
de la República en su artículo 107 inciso 4º dispone que «Las
Municipalidades son Corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la comuna». Del mismo modo, la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ratifica el objetivo antes
aludido y establece que para cumplir dichos fines el municipio cuenta con
una serie de atribuciones y mecanismos, dentro de las cuales, y sin
perjuicio de que no se aluda directamente a ella en la Ley, sin duda deben
ser consideradas un sinnúmero de herramientas que han surgido en la
actualidad como forma de acercamiento a las personas y de comunicación y
transmisión de información que permita a las Municipalidades poder
desarrollar y cumplir con el mandato que la Constitución le ha
encomendado. De este modo el proyecto propuesto para el sitio web antes señalado
constituye una forma idónea de desarrollar y cumplir parte de las
funciones que a ésta le caben y que van en definitiva en beneficio directo
y exclusivo de la comunidad de Puerto Montt en general.
- Que no parece lógico que
una página web con el dominio <puertomontt.cl> orientada a lo que
supuestamente quiere el primer solicitante, esto es desarrollar un portal
de información para la comuna, potenciar actividades locales, de
desarrollo comunal, destacar actividades que desarrolle la I. Municipalidad
de Puerto Montt, esté en manos de un particular y no de la Municipalidad,
que es la entidad a la que, según la Constitución y las leyes, por
derecho propio le corresponde el desarrollo y la implementación de dichas
actividades respecto de la comuna en este caso de Puerto Montt.
- Que si bien en la
actualidad no existe un derecho marcario respecto del nombre «Puerto Montt»
en favor de la Municipalidad de su mismo nombre, no puede desatenderse la
circunstancia, que tiene una raíz constitucional y legal, de que este
nombre constituye un signo distintivo único que individualiza a dicha
ciudad y comuna de otras del país y en general la distingue como un punto
geográfico determinado, una zona con cultura, costumbres y
particularidades únicas y que no pueden sino ser atribuidas a la ciudad
misma y a su comunidad. Desde esta perspectiva quien representa a la
comunidad y puede de alguna manera ser titular de este especial derecho que
se constituye respecto de este signo distintivo «Puerto Montt», no es
sino la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, que en definitiva es quien
solicita este nombre única y exclusivamente para ponerlo a disposición de
la comunidad titular del signo distintivo único y exclusivo, Puerto Montt.
- Que solicita que el
Primer Solicitante sea condenado en costas.
5.3. Réplica
del Primer Solicitante
Habiéndose concedido a las
partes un plazo para formular descargos respecto de cada presentación
contraria, el Primer Solicitante no ejerció dicha facultad.
5.4. Réplica
del Tercer Solicitante
En descargo a la Presentación
Principal del Primer Solicitante, a fojas 60 y siguientes el Tercer
Solicitante básicamente afirma lo siguiente:
- Que al analizar los
sitios a los que la contraria hace referencia, estos son, los de Puente
Alto, Valdivia, Osorno, San Fernando, Calama, Iquique, Villarrica, Corral y
Portillo, se puede constatar que existe una disconformidad manifiesta entre
lo que señala la contraria y lo que existe efectivamente en cada una de
esas páginas. En efecto, al revisar cada una de las páginas antes
referidas se puede constatar que salvo el caso de la página web del
dominio <puentealto.cl>, que presenta algún grado de desarrollo, en
ninguna otra de las páginas aludidas se ha desarrollado ni siquiera uno de
los puntos constitutivos del listado de intenciones del Primer Solicitante.
En los casos de las páginas web de los dominios <valdivia.cl> y <calama.cl>,
ambas no presentan ninguna información mas que una página de presentación
desprovista de todo contenido. En los casos de las páginas web de los
dominios <osorno.cl> y <sanfernando.cl> la situación es aún
mas pobre, por cuanto en éstas no sólo no existe contenido alguno sino ni
siquiera se ha desarrollado una página de presentación, ingresando el
interesado a una página que señala simplemente «Bienvenidos al portal
de...». Además, cabe hacer presente que cuando se ingresa a la página
del dominio <portillo.cl> aparece un aviso de «SE OFRECE».
- Que la página del
dominio <villarrica.cl>, la única que está desarrollada en forma
seria y que presenta un portal claro, concreto y real, no pertenece al señor
Sánchez, pues por una parte, esta aparece a nombre de don Jorge Enrique
Delgado Gunckel, y por otra, en la misma página se hace referencia a que
dicha página es de «vamosachile.com».
- Que respecto de las páginas
correspondientes a Iquique y Corral, cabe señalar que sin perjuicio de que
éstas tampoco aparecen inscritas a nombre del señor Sánchez, están
absolutamente vacías, ingresando aquella persona interesada en dichos
sitios a una página de NIC Chile en que avisa que dicho dominio, a pesar
de estar dentro de los registros .CL, aún no tiene servidor de nombre
propio.
- Que de concederse el
dominio en disputa al Primer Solicitante, ocurrirá en la especie lo mismo
que ha ocurrido con las páginas que éste ha citado como ejemplo de
desarrollo, esto es absolutamente nada, pues queda claro que lo único que
motiva al Primer Solicitante es la posibilidad de poder lucrar con un
nombre que le es claramente ajeno respecto de aquellos que sí tienen
derechos sobre el mismo, o al menos, intereses de desarrollar un portal
serio y real.
6. DEBATE
Y CONCLUSIONES
6.1. Reglas
aplicables
6.1.1. Introducción
y normativa general
El presente proceso está
sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el
cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de ‘arbitrador’,
y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo
a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en
el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal
sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil
que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de
equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo
sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código
Orgánico de Tribunales.
En relación a la
procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho
de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se
compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el
presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo
tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar
su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de
mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la
inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los
gastos y las costas según lo determine el árbitro».
Dentro de las normas
especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse
aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al
cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la
primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite
dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se
iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de
Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».
En relación a los
requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las
solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo
primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».
Por otro lado, previo a
desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario
precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un
conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en
que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto,
conforme al sistema de la RNCh.
Al respecto, conforme se
explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que
todas las partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de
posiciones jurídico-procesales dentro del litigio, al mismo tiempo que se
hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio
en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y
la forma como se aborda este fallo.
6.1.2. La
posición jurídico-procesal de las partes dentro del litigio
Previo a desarrollar los
fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es
la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación
de nombre de dominio, conforme al sistema de la RNCh. Al respecto, conforme
se explica más abajo, este sentenciador es de opinión que todas las
partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico‑procesales
dentro del litigio.
Para explicar esta temática
resulta fundamental primeramente referirse a la naturaleza jurídico‑procesal
de las solicitudes sobre un nombre de dominio del ccTLD <.cl> en el
contexto de un conflicto por asignación, vale decir, en un supuesto en que
convergen dos o más solicitantes sobre un mismo SLD.
Cierta práctica y
corriente jurisprudencial ha entendido que el o los solicitantes
posteriores son verdaderos «oponentes» con respecto a la solicitud
originaria, postura que no se concilia, a juicio de este sentenciador, con
los fundamentos y consecuencias la institución de la oposición en términos
generales, según se explica en los siguientes párrafos.
En el derecho nacional
existen procedimientos que tienen por objeto la constitución o nacimiento
de una posición o situación jurídica, y en cuyo íter procedimental se
contemplan vías de oposición por parte de terceros interesados. Así
ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de cambio de nombre (art. 2 de la
Ley Nº 17.344), regularización de la posesión de la pequeña propiedad
raíz (arts. 11 y sgts. del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979),
inscripción de variedades vegetales (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342)
e inscripción de marcas comerciales y patentes de invención (art. 5 de la
Ley Nº 19.039). Dicho mecanismo de oposición se contempla además,
con caracteres de aplicación general, para los procedimientos de
jurisdicción voluntaria o no contenciosa (art. 823 del Código de
Procedimiento Civil).
En este contexto es
relevante precisar cuál es el contenido de la pretensión
de oponente en los casos antes reseñados. Si bien la particularización
de dicha pretensión dependerá de cada caso concreto y de la naturaleza
del proceso en el cual interviene el oponente, es posible sostener en términos
generales que la pretensión de todo oponente es impedir que la solicitud o
petición del solicitante o peticionario sea accedida o aceptada por el órgano
que detenta las potestades administrativas o jurisdiccionales, o al menos
que dicha petición sea accedida en términos más restringidos o limitados
que los manifestados por el peticionario. Pero es fundamental subrayar que
en ninguno de estos casos el oponente tiene la posibilidad de acceder en el
mismo proceso jurisdiccional o administrativo al bien u objeto en que recae
la petición impugnada. Así, por ejemplo, el oponente a la solicitud de
cambio de nombre no puede solicitar en el mismo proceso que su propio
nombre sea reemplazado por aquél que es objeto de la solicitud; tampoco el
oponente a la inscripción de una marca comercial puede solicitar que dicha
marca le sea concedida como consecuencia de aceptarse su oposición.
Todo lo anterior demuestra
que la institución de la oposición en los procedimientos reglados tiene
por finalidad dar la posibilidad que terceros interesados o posiblemente
afectados puedan hacer valer sus derechos impidiendo la aceptación de la
solicitud impugnada, o al menos obteniendo su limitación o modificación.
Se trata, en términos jurídico-procesales, de una acción cautelar, que
en todo caso no supone ni conlleva una petición o solicitud sobre el mismo
bien u objeto de la solicitud impugnada.
Con arreglo a lo expuesto,
la institución de la oposición no parece ser aplicable en el sistema de
la RNCh a los supuestos en que concurren dos o más solicitudes sucesivas
sobre un mismo nombre de dominio. En opinión de este sentenciador, los
solicitantes posteriores no deducen pretensiones de oponente, en los términos
antes desarrollados, ya que el contenido de la solicitud posterior
corresponde a una petición sobre el mismo bien u objeto de la solicitud
precedente, de tal suerte que la finalidad de la intervención del
solicitante posterior en el proceso de registro es obtener para sí la
asignación del nombre de dominio disputado, siendo el rechazo a la petición
de el o los solicitantes prioritarios sólo una consecuencia de ello. Por
estas mismas razones tampoco puede aplicarse en derecho a los solicitantes
posteriores la calidad de «demandantes», a lo cual debe agregarse el
hecho que el acto jurídico en virtud del cual nace el conflicto de
intereses —la solicitud posterior— no es una «demanda» propiamente
tal, pues carece de todos los elementos propios de ésta.
Visto desde otro ángulo,
sostener que el o los solicitantes posteriores son oponentes o demandantes
implica admitir al mismo tiempo que el primer solicitante tendría la
calidad de «demandado», lo cual no se concilia con el sistema de la RNCh
que admite la existencia de pluralidad de solicitantes. En efecto, en los
supuestos en que concurren tres o más solicitantes habría que entender
que todos ellos, salvo el primero, son demandantes, conclusión
insatisfactoria pues no soluciona consecuentemente cuál ha de ser la
posición procesal de los solicitantes posteriores entre
sí, esto es, si son demandantes o demandados; otra posibilidad, e
incluso una suerte de paliativo a la solución precedente, sería entender
que en los supuestos de pluralidad de solicitantes todos ellos se demandan
entre sí, en una suerte de juicio caótico en que confluyen multiplicidad
de actores y demandados, ostentando todos ellos a la vez una doble
naturaleza procesal respecto de unos mismos hechos, solución cuya sola
enunciación demuestra su incoherencia lógica y jurídica.
Por todas estas razones,
parece más armónico con las normas regulatorias de la RNCh y con los
principios generales del derecho nacional entender que en los conflictos
generados a virtud de dos o más solicitudes de inscripción de nombres de
dominio no existen oponentes, demandantes ni demandados, sino únicamente
diversas partes, llamadas «solicitantes», todas ellas portadoras en
definitiva de una misma pretensión final y que por lo mismo se hallan,
unas respecto de las otras, en la misma posición procesal.
Concordante con lo
anterior, la tramitación de este proceso se ha seguido conforme a los
postulados asumidos, dando cuenta de ello las reglas de procedimiento
establecidas, los estadios procesales cronológicamente comunes y la
equivalente carga de la prueba para ambas partes.
6.1.3. La
situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio
disputado
Resulta también necesario
precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes con
respecto al nombre de dominio en conflicto, de acuerdo al sistema de la
RNCh. Al respecto, según se explica en los apartados siguientes, este
sentenciador es de opinión que todas las partes se hallan en la misma
situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto.
En primer término,
conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un
aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come
first served, conforme al cual la asignación de nombres de dominio
corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho
principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de
dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona
que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún
supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se
advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en
una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores
sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer
solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores
acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto—
«mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado[4].
El principio en cuestión
se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de
un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto
corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo
funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se
trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos
entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por
lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del
ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un
mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera
aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al
conjunto de normas que conforman dicho sistema.
En este sentido, cabe señalar
que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra
consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera
tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a
la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el
árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se
asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión
de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en
análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como
principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in
tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior
in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de
dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir,
si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el
sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o
si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o
ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar
una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir
además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.
Un primera respuesta se
halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh,
conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma
resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no
distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la
responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa—
afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego,
estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las
normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir
que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD
disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas
deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo
dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio
por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y
acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo
dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para
los solicitantes posteriores ni para el primero.
De lo expuesto se concluye
que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse
como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación
de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de
analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios
jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre
todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de
tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como
consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se mantengan en
igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la
controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el
carácter de solución de ultima ratio.
Las conclusiones
precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o
analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º,
del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que
alude al principio first come first seved, y lo hace de manera
tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en
conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá
una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al
principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución
que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto
se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este
principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una
situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente
cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica
equivalente respecto del mismo nombre de dominio.
Tales conclusiones también
guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de
justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación
preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer
jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se
vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y
abstracto.
Con arreglo a todo lo
expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un
esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la
propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que
intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello
en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera
solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.
6.1.4.
Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por
asignación de nombre de dominio
Descartada, pues, la
preeminencia del citado principio first come first seved en la
resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD
<.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o
principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha
controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra
6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas
contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.
En consecuencia, habiendo
texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de
un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma
del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos,
de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las
solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente
adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la
toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los
principios de prudencia y equidad.
Si aún así se decide que
todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances
de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente
recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es
posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al
sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD
litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica—
deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la
norma del citado art. 14 de la RNCh. Sin pretender agotar la temática,
pueden mencionarse a título ejemplar el criterio cronológico, que
significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea preexistente, supuesto que todas las partes en conflicto
ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad,
que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya
marca, nombre u otro derecho pertinente goce de fama o nombradía, y si
todas ellas se encuentran en similar posición, a aquélla cuya marca,
nombre o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el
criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos
en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de
manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para
cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos
expuestos en el art. 22 de la RNCh[5];
y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los
cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses
pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de
uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible—
solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios
de prudencia y equidad aplicables[6].
6.1.5.
Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de
la RNCh
Como consecuencia de lo
expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y
alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de
la RNCh.
a) La primera de ellas
consiste en aquella solicitud que contraría
normas sobre abusos de publicidad, hipótesis que, dado el tenor del
texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del
ramo. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre
«Abusos de Publicidad»[7],
el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades
de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa
entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos
ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios
de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u
operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un
sitio web, pero la hipótesis en
análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale
decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es
imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en
conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían
que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº
19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de
calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de
dicha naturaleza, y supuesto también —como se ha dicho— que la
calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[8].
Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código
de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética
Publicitaria) serían aplicables en la materia, pues muchas de ellas están
destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad,
aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no
ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga
omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la hipótesis en
análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más
abajo. En consecuencia, teniendo el supuesto que nos ocupa una exigencia de
carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse
como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma
queda bastante reducido, pero ello no significa que se trate de una hipótesis
vacía o carente de operatividad, puesto que en la práctica más de alguna
norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva
podría resultar aplicable, sea en la actualidad[9]
o bien a futuro.
b) La segunda hipótesis
del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, corresponde a la solicitud que
contraría principios de competencia
leal o ética mercantil. Los supuestos aquí subsumibles no están
limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación
general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente
mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de
inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia
leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o
reflejan principios formativos, como los principios
generales propiamente tales que emanan de la legislación en su
conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211,
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de
Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el
antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también
aplicables para dar sentido a esta hipótesis, pues muchas de las normas
contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y
proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se
señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de
aplicación está limitado a los asociados de la referida entidad, los
principios allí consagrados ciertamente la trascienden.
c) Finalmente, la tercera
hipótesis de la norma en análisis es aquella solicitud que contraría derechos
válidamente adquiridos por terceros. A este respecto, este
sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente
adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber: (i)
que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés
legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo
distintivo que esté reproducido o reflejado en el nombre de dominio
disputado; y (ii) que otro litigante de la controversia sea titular de algún
derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra
designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un
interés legítimo en el nombre de dominio disputado. La concurrencia de
tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la
solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse
derechos adquiridos mediante la
solicitud misma.[10]
Es menester agregar, además, que la verificación de la hipótesis en análisis
—esto es, la afectación a derechos adquiridos— puede verificarse de
diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar»,
la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un
derecho, sea que se trate de una privación, limitación, perturbación o
amenaza, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
6.1.6.
Recapitulación
Conforme a los postulados
precedentes asumidos y las normas de procedimiento dictadas por este
sentenciador para la resolución del presente litigio, no objetadas por las
partes, corresponde primeramente determinar si alguna de las partes ha
incurrido en un acto u omisión que tenga aparejada como consecuencia el
desistimiento de su solicitud sobre el nombre de dominio en disputa. Además,
deberá analizarse si las solicitudes incurren en la previsión dispuesta
en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente
adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad.
6.2.
Posible infracción a normas de procedimiento dictadas en este
proceso
El Tercer Solicitante
sostiene a fojas 7 y 8 que el Primer Solicitante no habría cumplido
ciertas normas de procedimiento dictadas en autos, para cuya omisión se ha
previsto expresamente tener por desistida a dicha parte de su solicitud
sobre en nombre de dominio en disputa. Concretamente, el Tercer Solicitante
sostiene que su contraparte no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
segundo de la resolución que fijó el procedimiento arbitral, conforme al
cual «...el tribunal arbitral dictará una resolución en la cual fijará un
plazo para que el primer solicitante presente, en documento impreso y
firmado, los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener derecho
sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha presentación, el primer
solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompañar
todas las pruebas en que funda su pretensión; b) Acompañar fotocopia
autorizada de su cédula de identidad [...]
En caso que el primer solicitante no cumpla integra y oportunamente con
todo lo indicado en este artículo Segundo, se tendrá a dicha parte por
desistida de su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa».
A juicio del Tercer
Solicitante, el Primer Solicitante se habría limitado a acompañar una
carta que contiene un listado de «motivos» sobre la utilización del
dominio y, conforme a la citada resolución, la presentación del Primer
Solicitante no debía contener motivos sino «argumentos» sobre el derecho
que supuestamente le cabe a dicho solicitante respecto del nombre de
dominio en disputa. Por otro lado, sostiene que el Primer Solicitante no
acompañó ninguna prueba respecto de sus motivos para la utilización del
su dominio, de manera tal que en atención a que no se habría cumplido
«íntegramente» con el deber que impone la citada resolución, esto es,
acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión.
Este sentenciador no
comparte lo anteriormente argumentado por del Tercer Solicitante, puesto
que si bien la resolución que estableció las normas de procedimiento, en
su parte pertinente, exigía al Primer Solicitante exponer por escrito sus
argumentos, la apreciación, ponderación y valoración de los mismos es
una cuestión de fondo a ser ejercida en definitiva, y en caso de ser
desechados ello puede conducir únicamente al rechazo de la solicitud
respectiva. Por otro lado, al exigir en dicha resolución al Primer
Solicitante acompañar junto a su presentación principal todas las pruebas
en que funda su pretensión, ello sólo tenía por finalidad satisfacer el
principio de economía procesal, pero en caso alguno se ha impuesto —ni a
dicha parte ni a ninguna otra— la carga de acompañar efectivamente
pruebas, lo cual resultaría del todo arbitrario e incluso ilógico, ya que
mal podría el tribunal exigir la presentación de algo cuya existencia
desconoce. Cabe destacar finalmente, tal y como ha sido reseñado supra
3, que la carga procesal de presentar argumentos y pruebas dentro de un
cierto plazo no fue establecida únicamente en relación al Primer
Solicitante, sino igualmente en su oportunidad respecto del Tercer
Solicitante, y también bajo apercibimiento de tenerle por desistido de su
solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa, habiendo
cumplido dicha parte oportunamente.
Por su parte, el Segundo
Solicitante no dio cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 13
de noviembre de de 2002, que contiene las normas de procedimiento, en donde
se disponía un plazo para que consignara los honorarios arbitrales, bajo
apercibimiento de tenerle por desistido de su solicitud de inscripción del
nombre de dominio en disputa. En consecuencia, y dado que no ha mediado
petición o intervención en contrario, corresponde cumplir con lo
establecido en dicha resolución, debiéndose tenerle por incurso en el
apercibimiento indicado y por ende tenerle por desistido de su solicitud de
inscripción del nombre de dominio en disputa. La conclusión expuesta se
ve reforzada por cuanto el Segundo Solicitante, además de no haber
concurrido a la audiencia de conciliación, tampoco ha comparecido
posteriormente en autos y no ha dado justificación alguna a su rebeldía,
no obstante haber sido debidamente emplazado. A mayor abundamiento, debe
destacarse que la imposición de apercibimientos y su consecuente
cumplimiento respecto de las partes negligentes es un mecanismo procesal
equitativo y prudente.
Finalmente, debe señalarse
que el Tercer Solicitante cumplió oportunamente con todas y cada una de
las cargas y etapas procesales dispuestas en autos.
Conforme a lo indicado, el
fondo de la controversia de autos ha quedado centrado exclusivamente en las
pretensiones y hechos alegados y expuestos por el Primer Solicitante y
Tercer Solicitante.
6.3. Posible
infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de
competencia leal y/o ética mercantil
A este respecto, siguiendo
los lineamientos esbozados supra 6.1.5.a),
cabe concluir en primer término que, conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan concluir que mediante alguna de las
solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad.
En efecto, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la
expresión «puertomontt» corresponde al nombre de una comuna y una ciudad
de nuestro país, por lo cual no es portadora de ningún significado
injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma
especial sobre publicidad abusiva aplicable.
Con todo, corresponde además
decidir si conforme al mérito de autos existen antecedentes para concluir
que se han afectado principios de competencia leal o ética mercantil,
siendo la respuesta afirmativa, en opinión de este sentenciador.
En efecto, el Primer
Solicitante ha sostenido en autos que solicitó el nombre de dominio para
desarrollar un portal en Internet de información para la comuna de Puerto
Montt, destinado a destacar sus cualidades turísticas, su potencial
industrial y patrimonio histórico, potenciar actividades locales, incluir
una guía profesional de la región, desarrollar contactos en el
extranjero, etc. Con todo, según consta en autos, si bien el Primer
Solicitante actualmente utiliza el nombre de dominio impugnado como una página
web, el único contenido de ésta es una fotografía de un palafito, sin
ningún otro contenido o información adicional. En una palabra, habiendo
solicitado el nombre de dominio en disputa con fecha 20 de febrero de 2002,
y transcurrido ya más de un año desde entonces, el Primer Solicitante no
le ha dado ningún contenido mínimamente relevante al referido sitio web,
no ha acreditado haber desarrollado un proyecto concreto, como tampoco ha
aportado antecedente alguno que demuestre objetivamente que el nombre de
dominio en disputa será efectivamente utilizado en la forma como dicha
parte pretende, lo que a la luz de los antecedentes más bien parecen meras
ideas o deseos.
Por otro lado, el Primer
Solicitante sostiene que otros portales similares se están desarrollando
actualmente en los sitios <www.puentealto.cl>, <www.valdivia.cl>,
<www.osorno.cl>, <www.sanfernando.cl>, <www.calama.cl>,
<www.iquique.cl>, <www.villarrica.cl>, <www.corral.cl>,
<www.portillo.cl>, pero de la información recabada oficiosamente por
este sentenciador, dicha parte únicamente es asignatario de los nombres de
dominio <puentealto.cl>, <valdivia.cl>, <osorno.cl>, <sanfernando.cl>
y <calama.cl>, los cuales fueron inscritos entre octubre de 2001 y
enero de 2002, uno de los cuales, <calama.cl>, se encuentra incluso
actualmente impugnado por demanda de revocación presentada por la Ilustre
Municipalidad de Calama.
Consta también en autos
que, de los referidos cinco nombres de dominio, el Primer Solicitante únicamente
utiliza tres de ellos como sitios web de Internet, a saber, <puentealto.cl>,
<valdivia.cl> y <calama.cl>, cada uno de los cuales contiene
información alusiva a la correspondiente provincia geográfica indicada en
el SLD respectivo, incluyendo diversos banners
publicitarios. Sin embargo, dichos sitios no operan de manera completa,
muchos de cuyos links que anuncian información turística, municipal o de
eventos no funcionan, no obstante haber transcurrido hasta la fecha prácticamente
un año y medio. En una palabra, teniendo en cuenta el significado
relevante de dichos nombres de dominio, dada su referencia geográfica o
territorial, en definitiva el contenido o información que entregan es,
cuanto menos, deficiente.
Por otra parte, consta
también en autos que los restantes nombres de dominio que invoca el Primer
Solicitante, esto es, <osorno.cl> y <sanfernando.cl>, son
usados como sitios web carentes de todo contenido, salvo las frases «BIENVENIDOS
AL PORTAL DE OSORNO» y «BIENVENIDOS AL PORTAL DE SAN FERNANDO»,
respectivamente. En una palabra, estos dos nombres de dominio son
utilizados de la misma manera que el nombre de dominio en disputa: como
sitios web vacíos de contenido.
En consecuencia, conforme
al mérito de los antecedentes, este sentenciador no puede sino concluir
que el nombre de dominio en disputa se encuentra «acaparado» por el
Primer Solicitante, sin darle una función seria o relevante, y sin
permitir tampoco que otros interesados legítimos puedan hacerlo.
Por su parte, el Tercer
Solicitante es una persona jurídica de derecho público encargada de la
administración local de la comuna de Puerto Montt, de satisfacer las
necesidades de dicha comuna, y asegurar la participación de sus habitantes
en el progreso económico, social y cultural de la misma. En efecto, según
lo dispone el art. 1º, inciso 2º, de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, «Las municipalidades son corporaciones
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de las respectivas comunas».
Dentro de las funciones
propias de dicha parte, en su calidad de municipalidad, pueden destacarse,
entre otras, las que dicen relación con la aplicación de las
disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, sobre construcción y
urbanización dentro de la comuna, así como la promoción del desarrollo
comunitario (art. 3 de la Ley Nº 18.695). Igualmente, en su calidad de
municipalidad, el Tercer Solicitante está legalmente facultado para
desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, la salud pública,
la protección del medio ambiente, la educación y la cultura, la
capacitación y la promoción del empleo, el deporte y la recreación, el
turismo, el transporte y tránsito públicos, la vialidad urbana y rural,
la construcción de infraestructuras sanitarias, la prestación de auxilio
en situaciones de emergencia, y en general, el desarrollo de actividades de
interés común en el ámbito local (art. 4 de la Ley Nº 18.695).
En consecuencia, entre las
diversas funciones propias de toda municipalidad y aquellas otras que
legalmente puede ejercer, se advierten muchas que son de gran interés para
la comunidad local, cuyos habitantes objetivamente aspiran a conocer y ser
informados, y que a la vez la municipalidad tiene la atribución y el interés
de difundir por diversos medios, privilegiándose aquellos medios de difusión
simples, ágiles, rápidos y expeditos, entre los cuales está la Internet.
En este sentido, dado el
mandato legal entregado a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, no
puede dejar de reconocerse que su interés por ser asignataria del nombre
de dominio en disputa no sólo es plausible, sino que resulta además armónico
con sus funciones y finalidades propias. En efecto, según ha sido señalado
en autos por dicha parte, el nombre de dominio en disputa será utilizado
como sitio web relacionado directamente con la ciudad y comuna de Puerto
Montt, mediante el cual se entregará información relevante de la comuna,
los servicios que ofrece el municipio y la promoción del turismo. Dicha
finalidad no sólo es teórica, sino que efectivamente el Tercer
Solicitante ha desarrollado un proyecto concreto para la puesta en marcha
del referido sitio web, según consta de la documentación acompañada por
dicha parte a los autos y no objetada.
Todo lo anteriormente
expuesto contrasta sensiblemente con la situación del Primer Solicitante,
quien, como se ha dicho, hasta la fecha no le ha dado al nombre de dominio
en disputa ningún uso y sólo se ha limitado a vincularlo a un sitio web
vacío de contenido, con lo cual se conforma una situación de «acaparamiento»
de dicho nombre de domino y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho.
Por lo mismo, el Primer
Solicitante ha ejercido, y ejerce hasta la fecha, una actitud contraria a
la ética mercantil y a los principios de competencia leal, al impedir que
la entidad que por naturaleza le corresponde informar sobre la comuna
respectiva pueda realizar dicha función en la Red del modo más directo, lógico,
intuitivo y eficaz, como lo es a través de un nombre de dominio del ccTLD
<.cl>, cuyo SLD corresponda precisamente al nombre de la comuna de
Puerto Montt, dado el carácter nemotécnico o evocativo del nombre de
dominio <puertomontt.cl> y su probable función eficaz como patrón
de búsqueda intuitiva en la Red.
Con arreglo a lo expuesto
en este apartado, se arriba a una primera
conclusión: la solicitud sobre el nombre de dominio en disputa
presentada por el Primer Solicitante contraría principios de competencia
leal y ética mercantil.
6.4. Posible
infracción a derechos válidamente adquiridos
Adicionalmente, es menester
determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen
o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el
análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente
adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la
controversia.
A este respecto debe
tenerse presente lo dicho supra 6.1.5.c),
en relación a cuándo una solicitud de nombre de dominio afecta derechos válidamente
adquiridos.
6.4.1. Derechos
o intereses legítimos del Primer Solicitante
El Primer Solicitante ha
sostenido que solicitó el nombre de dominio en disputa para desarrollar un
portal de información para la comuna de Puerto Montt, y la sumatoria de
los antecedentes reseñados supra 6.3. demuestran que dicha parte, en el mejor de los casos,
abrigaba proyectos o ideas futuras en relación al uso que le daría al
nombre de dominio en disputa, sin haber concretado nada hasta la fecha. Por
otro lado, dicha parte no ha sostenido ni acreditado ser titular de algún
derecho o interés legítimo en relación a una marca, nombre, signo o
denominación que corresponda al SLD del dominio disputado, esto es,
respecto de la expresión «Puerto Montt», que fuera preexistente a su
solicitud del nombre de dominio disputado.
6.4.2. Derechos
o intereses legítimos del Tercer Solicitante
En opinión de este
sentenciador, la denominación «Puerto Montt», como identificatoria de
una ciudad y una comuna de nuestro país es un bien
nacional, de aquellos que según el art. 589 del Código Civil
pertenecen a la nación toda y por lo mismo, tanto conforme a la doctrina
como a la jurisprudencia, se encuentra fuera del comercio humano[11].
No obstante ello, la atribución para utilizar
dicho nombre en funciones de información y promoción de la comunidad
local respectiva está regulada jurídicamente.
En efecto, el art. 99 de la
Constitución Política de la República dispone que «Para el gobierno y
administración interior del Estado, el territorio de la República se
divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la
administración local, las provincias se dividirán en comunas». Con
arreglo a la actual división político-administrativa de nuestro país, la
comuna de Puerto Montt es la capital de la X Región (art. 1º del D.L. 575
del año 1974)[12].
Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone
que las municipalidades son corporaciones de derecho público encargadas de
la administración de la comuna y cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna (art. 1º,
inciso 2º, de la Ley Nº 18.695). Dentro de las funciones propias de toda
municipalidad, pueden destacarse, entre otras, las que dicen relación con
la promoción del desarrollo comunitario, la educación y la cultura, la
capacitación, la recreación, el turismo y, en general, el desarrollo de
actividades de interés común en el ámbito local (arts. 3 y 4 de la Ley Nº
18.695), actividades todas que conllevan o requieren la entrega de
información.
En consecuencia, la forma
como la nación se ha organizado para administrar la comuna de Puerto Montt
y para satisfacer las necesidades de dicha comuna es mediante la creación
de una entidad de derecho público, denominada Ilustre Municipalidad de
Puerto Montt, a la cual ha dotado además de personalidad jurídica y
patrimonio propio para cumplir sus funciones. Por lo mismo, dicha entidad
tiene la atribución de utilizar la denominación «Puerto Montt» en
funciones de información y promoción de la comuna homónima a través de
cualquier medio, y puesto que se trata de una atribución entregada a una entidad con personalidad jurídica,
envuelve al mismo tiempo una doble naturaleza, deber y derecho, de manera
que, para los efectos aquí analizados, la Ilustre Municipalidad de Puerto
Montt detenta entonces la prerrogativa o derecho para utilizar la
denominación «Puerto Montt» en las funciones antes indicadas, por
cualquier medio.
De lo anterior se arriba a
la segunda conclusión: el Tercer Solicitante detenta el derecho
adquirido de utilizar la denominación «Puerto Montt», en funciones de
información y promoción de la comuna homónima a través de cualquier
medio, siendo dicha denominación idéntica al SLD del dominio impugnado.
Tal derecho es, además, preexistente a la fecha de la Primera Solicitud
sobre el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el citado
derecho adquirido sirve de fundamento al Tercer Solicitante para sostener
un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <puertomontt.cl>.
6.4.3. Consecuencias
Con arreglo a lo expuesto
en los apartados precedentes, el Primer Solicitante del nombre de dominio
en disputa carece de todo derecho o interés legítimo en relación a un
nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la
expresión «Puerto Montt», con anterioridad a su solicitud.
Por el contrario, el Tercer
Solicitante detenta el derecho de utilizar la denominación «Puerto Montt»
en funciones de información y promoción de la comuna homónima a través
de cualquier medio, denominación que es idéntica al SLD del dominio
impugnado; tal derecho es, además, adquirido por ley y preexistente a la
fecha de la Primera Solicitud sobre el nombre de dominio en disputa, por lo
cual sirve de fundamento al Tercer Solicitante para detentar un interés
legítimo en el nombre de dominio <puertomontt.cl>.
De todo lo anterior se
concluye entonces que la Primera Solicitud presentada sobre el nombre de
dominio en disputa afecta, perturba o impide el libre ejercicio del derecho
del Tercer Solicitante para utilizar la denominación «Puerto Montt» en
funciones de información y promoción de la comuna homónima a través de
cualquier medio, por lo cual la Primera Solicitud contraría un derecho válidamente
adquirido por el Tercer Solicitante, conforme a los presupuestos asumidos supra
6.1.5.c).
6.5.
Recapitulación
y conclusiones
Con arreglo a lo expuesto
en los apartados precedentes, la solicitud sobre el nombre de dominio en
disputa presentada por el Primer Solicitante contraría principios de
competencia leal y ética mercantil, y al mismo tiempo contraría un
derecho válidamente adquirido por el Tercer Solicitante.
Las conclusiones
precedentes se adecuan y resultan armónicas además con los principios de
prudencia y equidad. En efecto, careciendo el Primer Solicitante de todo
derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra
designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «Puerto
Montt», entonces su solicitud sobre el nombre de dominio en disputa
constituye un obstáculo objetivo para que el Tercer Solicitante —en
tanto titular del derecho de uso de la denominación «Puerto Montt» en
funciones de información y promoción de la comuna homónima a través de
cualquier medio— pueda utilizar dicha denominación en la Red del modo más
directo, lógico o intuitivo, como lo es a través de un nombre de dominio
del ccTLD <.cl>, cuyo SLD corresponda precisamente al nombre de la
comuna de Puerto Montt, dado su carácter nemotécnico o evocativo y su
probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red. De
esta manera, se ven afectados entonces no sólo el derecho del Tercer
Solicitante para usar la denominación «Puerto Montt», en los términos
expuestos, sino además sus legítimos intereses para divulgar en la Red,
mediante la utilización del nombre de dominio en disputa, información
oficial de la ciudad y comuna de Puerto Montt, así como los servicios que
ofrece el municipio.
Más aún, la pretensión
del Tercer Solicitante sobre el nombre de dominio en disputa va incluso en
beneficio del interés superior de los habitantes de la comuna de Puerto
Montt y, en general, de todos los usuarios de la Red que estén interesados
en obtener información oficial de dicha comuna, dada la referida característica
nemotécnica o evocativa del nombre de dominio en disputa y su función
eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red, debiendo agregarse
que dicha información, con carácter oficial, sólo puede ser entregada
por la correspondiente municipalidad.
Todo lo anteriormente
expuesto, ciertamente, contrasta con la situación del Primer Solicitante,
quien hasta la fecha no le ha dado uso al nombre de dominio en disputa y sólo
se ha limitado a vincularlo a un sitio web vacío de contenido, lo cual,
conforme se ha concluido, constituye un acto de «acaparamiento» de dicho
nombre de domino y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho.
6.6. Costas
En su presentación
principal, el Tercer Solicitante solicita que el Primer Solicitante sea
condenado en costas.
El art. 8, párrafo final,
de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por
las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer
solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin
perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la
totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que
haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que
fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por
cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que
el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».
En consecuencia, la regla
general en esta materia es que en un arbitraje por conflicto de asignación
de un nombre de dominio, como es el caso sublite, las costas son de cargo
de quienes hayan participado del arbitraje, pero con expresa excepción del
primer solicitante. La misma disposición faculta
al árbitro para condenar al pago de la totalidad de costas del
arbitraje a aquél solicitante cuya solicitud hubiere sido denegada, en la
medida que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, cuando tal solicitante haya actuado de mala
fe, o bien cuando el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar.
Si bien se ha concluido en
esta sentencia que la solicitud presentada por el Primer Solicitante
contraría el derecho del Tercer Solicitante para utilizar la denominación
«Puerto Montt» en funciones de información y promoción de la comuna homónima
a través de cualquier medio, por otro lado este sentenciador no ha
arribado a la convicción de que la existencia de tal derecho a favor del
Tercer Solicitante, en la forma enunciada, y su incompatibilidad con la
solicitud presentada por el Primer Solicitante, hayan sido evidentes para
éste al momento de su presentación, así como tampoco existe convicción
de que el Primer Solicitante haya actuado de mala fe al momento de
solicitar el nombre de dominio en disputa o que haya carecido de motivos
para litigar. No obstante ello, la actuación posterior de dicha parte,
fundamentalmente el acaparamiento que ha ejercido sobre dicho nombre de
dominio, lleva a este sentenciador a la decisión de aplicar la facultad
contemplada en la norma del art. 8, párrafo final, de la RNCh, mas no de
manera total, sino morigerada, concluyéndose que cada parte deberá
soportar sus propias costas, y no sólo una de ellas en su totalidad.
7.
DECISIÓN
En base a todos los
fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye (a) que corresponde cumplir con el procedimiento
establecido en la resolución de fecha 13 de noviembre de 2002, esto es,
tener por incurso al Segundo Solicitante en el apercibimiento indicado en
dicha resolución, y por ende tenerle por desistido de su solicitud de
inscripción del nombre de dominio en disputa; (b) que la solicitud del
nombre de dominio <puertomontt.cl> presentada por el Primer
Solicitante contraría principios de competencia leal y ética mercantil, y
al mismo tiempo contraría el derecho del Tercer Solicitante para utilizar
la denominación «Puerto Montt» en funciones de información y promoción
de la comuna homónima a través de cualquier medio, cumpliéndose de este
modo dos hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh; y
en consecuencia, se resuelve: Asígnase el nombre de dominio <puertomontt.cl>
a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.
Cada parte soportará sus
propias costas incurridas en este arbitraje. Autorícese la presente
sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las
partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias
de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente
sentencia para los fines correspondientes.
Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos
Morales Andrade.
Santiago, 28 de mayo de 2003.
NOTAS:
[1]
Esta norma de procedimiento fue modificada, como aparece en el texto,
por resolución de fecha 23 de diciembre de 2002, notificada a las
partes por correo electrónico el mismo día.
[2]
El texto actualizado de dicho artículo fue establecido por el artículo
único, Nº 2, de la Ley Nº 19.526, publicada en el Diario oficial
en su edición del día 17 de noviembre de 1997.
[3]
La Ley Nº 18.695 fue publicada en la edición del el D. Oficial
correspondiente al 31 de marzo de 1988. El texto actualizado del artículo
primero fue fijado por el artículo único, número 1, de la Ley Nº 19.130,
publicada en el D. Oficial en su edición correspondiente al 19 de marzo
de 1992.
[4]
La tesis del mejor derecho sobre
el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en
numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del
ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su
sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un
conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que
éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas ya
detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que
obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado,
sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de
las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros
bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.),
los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el interés
legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Por
otro lado, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan
algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un mejor
derecho allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo
decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis
en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente
una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la
habilita para ser asignataria del dominio disputado.
[5]
Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de revocación
de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide
utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para
decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un
conflicto por asignación de nombre de dominio. Por otro lado, si
tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la
revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden
utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha
sido aún asignado.
[6]
Los postulados desarrollados en los apartados precedentes (6.1.2. a
6.1.4.) fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones
Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de
dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.
[7]
Ello conforme al artículo 48 de la Ley Nº 19.733 (publicada en el
Diario Oficial con fecha 4 de junio de 2001), que dejó vigente únicamente
el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación
y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de
los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los
cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.
[8]
Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una
materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de
Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente
declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no
responsabilidades penales.
[9]
Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que
establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores,
se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya
aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del
todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre
Mercado de Valores, dispone que «La publicidad,
propaganda y difusión que por cualquier
medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores,
corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o
entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no
podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan
inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la
naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o
cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de
sus emisores».
[10]
El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por
primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión
Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de
dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.
[11]
Cfr. SILVA CIMMA, ENRIQUE, Derecho
Administrativo Chileno y Comparado, p. 272
(Santiago, 2001).
[12]
La última modificación de dicho precepto fue establecida por D.L. Nº 1317,
de Interior, publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de enero de
1976. Anteriormente, en el año 1928, se había dictado el D.F.L. Nº 8582,
del Ministerio del Interior, el cual disponía que el país se dividía
en provincias, departamentos y territorios, y que la provincia de Chiloé,
cuyos departamentos eran Llanquihue, Ancud y Castro, tenía como capital
a «Puerto Montt». Por su parte, el D.F.L. Nº 8583, también del
Ministerio del Interior, señalaba que «los departamentos en que se
divide el territorio nacional constarán de las comunas que se indican a
continuación…» y en lo concerniente al departamento de Llanquihue,
se disponía que éste «comprenderá las comunas de Puerto Montt,
Puerto Varas, Fresia, Maullín y Calbuco», detallándose además los límites
de la comuna de Puerto Montt.
